En la mañana del pasado martes en el programa “El Decodificador ” que emitiera radio Impacto Colonia FM realizó una entrevista a la Dra. Gabriela Fossati quien al ser presentada como ex Fiscal de inmediato, expresó su trayectoria en el Poder Judicial donde fue secretaria de juez, actuaria y luego juez. Arguye que esto no sólo la formó sino que también le inculcó los valores de lo que implica ser una operadora de justicia. Ademas se manifestó complacida por la comunicación con el interior a quien siente su gente porque vivió 20 años en el interior del país. Consultada sobre el archivo de las denuncias por parte de los Fiscales poniendo como ejemplo uno de los más conocidos Antel Arena donde los Jueces no emiten opinión respondió textual:
“Seis años atrás, cuando la idea era sustituir el Código, muchos creímos que el sistema que se estaba incorporando en toda Latinoamérica y que se promocionaba a través del CEJA, que es un organismo de la OEA, podía funcionar y aplaudimos porque había algunos defectos del sistema anterior que parecían que podían ser resueltos a través de esta modificación. Hoy con el díario del lunes creo que no se adapta a la idiosincrasia del Uruguay. Yo me he ocupado de analizar los resultados de casi todos los países de Latinoamérica y he hablado con colegas de todos los países y la realidad es que la reforma impuesta en toda la región no ha funcionado en ningún país. No va con la idiosincrasia Latinoamericana. Puede ser muy bueno para el mundo anglo-estadounidense, pero no es bueno para el nuestro. Si usted me pregunta que un fiscal archive un caso, yo creo que es una denegación de justicia, porque quienes deben resolver todos los asuntos son los jueces, no los fiscales que son funcionarios administrativos que integran el Poder Ejecutivo. Esa es una falla, que yo por lo menos a través del grupo al que pertenezco: Lista 2004, vamos a tratar de revertir a través de la inclusión de promover una ley que modifique, son cinco artículos que hay que modificar del código y dos que hay que revertir y que introduzca lo que se llama querella privada en muchos, en muchos países del mundo permite que el ofendido directamente; cuando las fiscalías no tomen su caso, sin fundamento motivo, porque en realidad en ese archivo –refiere al caso Antel Arena– se habló de un manejo desprolijo de los dineros públicos, y quien tiene que evaluar el manejo desprolijos de los dineros por parte de un funcionario público es el juez. No creo que sea en este caso de Cosse dolo directo, pero sí podría ser una situación de dolo eventual. Y los únicos que deberían resolverlo son los jueces, de primera instancia, de segunda instancia y, eventualmente, la Corte. Creo que es una situación que se está reiterando, que hay que cambiarla”.
Cuando se le preguntó si los jueces relegaban poder con énfasis respondió:
“No es culpa de los jueces, porque las leyes las hacen los legisladores. Obviamente. Las leyes tienen que estar con las reglas de Leyes. Si no les llevan el caso, ellos; no tienen que actuar porque son las reglas del nuevo Código de Proceso Penal. Yo en realidad le diré que en las investigaciones sobre pasaportes, que fue la que generó tanta ruido público y que determinó que el fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, me apartara. Todo lo que pude investigar, que fue; mucho, porque en cuatro meses hubo cuatro condenas y se abrieron expedientes en varios consulados del mundo de documentaciones pedidas en las administraciones en esta y sobre todo en las tres administraciones del Frente Amplio, todo lo que pude hacer, lo pude hacer porque un juez me lo autorizó, los jueces siguen siendo los rectores y los controladores de la legalidad de lo que pedimos y las sentencias que yo obtuve, las obtuve porque un juez las emitió. No creo que sea un problema del Poder Judicial, sino que es un problema del sistema que implementamos y la solución… Pensar en romper todo y volver a empezar es un poco ingenuo. Lleva mucho tiempo una reforma legislativa de un código de proceso penal. Pero sí hay soluciones rápidas que podrían resolverlo. Yo creo que la querella privada sería una solución inmediata, porque un delito afecta a toda la sociedad en parte y afecta directamente a alguien. Entonces cualquier índice de corrupción pública no solo afecta a la sociedad en su conjunto, en su generalidad, sino que afecta a todos los integrantes de la comunidad en particular. Y darle la oportunidad a quien no esté de acuerdo con una decisión de un fiscal, que repito, no es un juez, y que cierra una investigación, permite asegurarnos de que sí se van a poder llevar todos los casos ante los jueces. Esa persona puede asumir el lugar. del acusador público. Nuestra Constitución específicamente nos dice que la persecución penal se podrá iniciar a partir de acusación de parte o del acusador público. O sea, es una opción que nos da nuestra Constitución. Y yo creo que se podrían resolver estas situaciones con esas reformas mínimas que solo implicarían dotar al poder judicial, ahí sí sería con un grupo de defensores de oficios de víctimas, que ellos determinarán cuántos en lugar de más fiscales, y el tema o el problema de que los fiscales decidan no llevar los casos ante los jueces se resolvería. Y no solo este caso, hay miles de casos”.
Más adelante dijo: “hay delitos que para los fiscales pueden ser menores en función de la cantidad de trabajo que tiene y de las instrucciones generales que priorizan algunos delitos. Pero para los ofendidos son de vida o muerte. Yo siempre digo, el honor hoy es letra muerta, no le importa a nadie. Ningún fiscal va a ir a por eso a un juzgado. Y para muchas personas es fundamental. El problema de los cheques, de la ley de cheques. Si un pequeño comerciante no puede cobrar los cheques que le emiten, estamos hablando de que puede haber una crisis familiar y de los empleados en cadena. Estamos hablando de un negocio que puede cerrar, de empleados que se quedan sin trabajo, de niños que tienen que cambiarse eventualmente de colegios, de todo lo que implica eso para la interna familiar.
Puede no ser importante para el fiscal, pero seguramente es asunto de vida o muerte para las personas. A ver, con la ley de género tenemos muchas denuncias realmente… no son ajustadas a la realidad. Yo estuve en la Fiscalía de Género y sé que lo puedo asegurar. Los jueces de familia especializada no tienen más remedio que tomar medidas cautelares porque hasta que no pueden profundizar en el problema, tienen que asegurarse que no haya riesgo para la víctima que denuncia. Pero al hombre le afecta de tal manera que luego tiene que tener el derecho de poder presentarse por sí mismo a otro juez y presentar una denuncia por simulación de delito o por calumnia. Y eso tampoco se está haciendo. Los fiscales no lo están haciendo. Y con estos ejemplos puedo seguir mucho más. Yo creo que la corrupción, en la función pública, en algunos delitos de lesiones, delitos contra la unión, delitos de calumnia y simulación de delitos y otros tantos más deberían estar incluidos dentro de un elenco de delitos en los cuales se permitiera al defendido directamente concurrir ante el tribunal, ante la justicia si no lo hiciera la fiscalía. Por eso en la 2004 estamos planteando y estamos pensando en una propuesta de ley para que la próxima, si la coalición tiene la suerte de salir electa; sino también de salir electa para poder continuar con las reformas, poder realizar una modificación”.
¿Y por qué ese aporte no hacerlo ahora, doctora, donde hay legisladores que están contestes a esto?
“No se puede hacer, ¿sabe por qué? Porque esa reforma no podría ir… No podría introducirse si se realiza un llamado de nuevos cargos de defensores de oficios, de asistentes, de víctimas, para que la gente que no tiene recursos puede tener los mismos derechos de la gente que tiene dinero. Y en este año no se pueden generar los cargos”.
Marcada por caso pasaportes
¿Cómo se llegó a desentramar este tema. Hasta dónde pudo investigar? ¿Desde cuándo venía esta red, doctora?
“Hubo una iniciativa un funcionario policial el director del sector de pasaporte, de identificación civil, el comisario Martínez, quien detectó hace tiempo este problema. Por lo tanto, informó a sus superiores, presentaron denuncias y fueron archivadas. Nadie lo escuchó debidamente. Un domingo que yo estaba trabajando el caso Astesiano, estuvo toda la tarde sentado hablando, me empezaba a dar cuenta de la trascendencia del problema. Esto tenía muchas años de varias administraciones atrás. Y yo creo que esto es muy interesante porque implica que en el mundo habría que revisar esa documentación que se ha extendido. Porque en el mundo hay personas que tienen documentación uruguaya no para venir acá y contribuir al país, sino para poder circular por Europa, obtener visa para Estados Unidos. Esa gente puede estar en cualquier acto que mancharía y comprometería a nuestro país. Para mí es un tema muy serio y le di la impor- tancia que tenía. Yo abrí varias carpetas de documentación extendidas en diferentes países del mundo, en las tres administraciones del Frente Amplio y la última administración. La realidad es que me sorprende que no hayan noticias, espero que sí están revisando los documentos por vía administrativa y que lo estén haciendo en silencio, porque la afectación es para todos los uruguayos. Si se mancha el documento de pasaporte uruguayo todos vamos a tener problemas cuando viajemos al extranjero. No es un problema que sea menor, es un problema mayor. En definitiva, de la asociación que ya pude detectar, había también otro grupo que estaba trabajando en Rusia, que ya no pude identificar. De la asociación que ya pude identificar, hay dos condenados y dos que están sometidos en investigación, lo está manejando la doctora Flores hace un año.”
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