¿QUÉ ES UNA ‘‘JUBILACIÓN’’?
ORIGEN
La palabra «JUBILACIÓN» tiene su origen etimológico en el latín que significa «lanzar gritos de alegría», en consecuencia se asocia el término «jubilación» con un momento de alegría, de festejo, de descanso. Las primeras «jubilaciones» o «pensiones» que se registran en la historia, se remontan al siglo I A.C., cuando en la época del Imperio Romano se comenzó a dar a los soldados romanos al llegar el momento de su retiro, un premio que podía consistir en una parcela de tierra y un premio en dinero o una «pensión» durante el resto de su vida después del retiro. En un principio se requerían 20 años de servicio en la Legión para tener derecho a la «jubilación» o «pensión» pero Augusto en el siglo I D.C. hizo pasar la duración del período de servicio de 20 a 25 años (como vemos nada nuevo bajo el sol). Con distintos altibajos a través de los siglos siguientes se mantiene en algunos países donde existían ejércitos estables el brindar esta jubilación o pensión al final de sus años de servicio.
EN EL MUNDO Y EN URUGUAY
Pero será recién con Otto Von Bismarck en 1881, en la Alemania del Kaiser Guillermo que se crean las bases del sistema actual de protección frente a la vejez o la invalidez.
En Uruguay es habitual considerar que la legislación en materia jubilatoria se inició con la fundación de la primera caja, la escolar, en 1896. Sin embargo, existen derechos jubilatorios desde 1829. Las primeras leyes en materia de retiro en Uruguay, derivadas de la legislación hispánica, se sancionaron en forma simultánea a la Constitución del Estado Oriental, debido a la cantidad de ex combatientes, inválidos y viudas a que dieron lugar 20 años de guerras previos a la independencia. Dichas leyes otorgaron derecho a retiro a militares y civiles, a partir de 1829 y 1838 respectivamente, conformando las clases pasivas que figuraron año tras año en los Presupuestos Nacionales. Posteriormente en 1896 se creó la Caja Escolar de Pensiones y Jubilaciones, en 1904 la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles que cubría fundamentalmente a los funcionarios públicos y en 1911 se funda la Caja de Pensiones Militares.
Pero será entre 1919 y 1957 que el régimen se expande y genera un sistema universal de cobertura frente a la vejez, la invalidez, la enfermedad y el desempleo.
Ya a partir de la década del 50 ́ el sistema comienza a tener graves fallas de funcionamiento y financiación, siendo permanentes las denuncias de «acomodos» y «privilegios» políticos para otorgar las jubilaciones y pensiones y que para obtenerlas era necesario la «tarjeta» de recomendación de un político. Al respecto puedo dar testimonio de mi experiencia personal sobre el funcionamiento del BPS en la década del 80 ́ previamente a la reforma de todo el sistema en 1996.
Intenté a partir de 1985 que se me reconocieran 8 años de aportes hechos a la Caja de Industria y Comercio y se me acumularan en la Caja de Profesionales a la cual había comenzado a aportar al recibirme de Abogado. Grande fue mi sorpresa al presentarme en el viejo edificio de la calle Colonia y Sierra y al presentar mi cédula de identidad, me dijeran que en el BPS no había registro de los trabajadores, que las únicas que estaban registradas eran las personas físicas o jurídicas que aportaban y que si quería probar mis años de trabajo tenía que ir al Ministerio de Trabajo y conseguir las Planillas de Trabajo de los lugares donde había trabajado, obtener una constancia de las mismas, etc.. Imaginen ustedes lo que es buscar en un Archivo que no estaba obviamente todavía computarizado y entre las decenas de miles de empresas y centenares de miles de Planillas encontrar aquellas en que yo estaba registrado.
Consecuencia: tardé 8 años en obtener las constancias correspondientes y que me pasaran los servicio a la Caja de Profesionales. Mientras llevaba adelante durante años ese trámite, tuve que asistir varias veces a ese enorme edificio del BPS y ver como centenares de ancianos subían y bajaban unas escaleras de mármol gastadas por su uso y único medio de pasar de un piso a otro pues los viejos ascensores la mayoría de las veces no funcionaban.
Una de las veces que fui, me tocó llegar hasta al último piso y ver que todas las barandas que dan a un enorme pozo de aire estaban cerradas con un espeso tejido del que se usaba para los gallineros. Obviamente se despertó mi curiosidad y pregunté a un funcionario a que respondía ese tejido, la respuesta fue de terror:….lo ponían porque muchos ancianos desesperados después de años de asistir infructuosamente para obtener su jubilación, se suicidaban tirándose desde el último piso al pozo de aire. Terrible !!!
REFORMA DE 1996 Y LAS AFAPs
Todo esto cambió con la reforma de 1996, plasmada en la Ley 16.713, que dio estructura al sistema mixto que actualmente existe en el bloque principal del sistema conformado por el Banco de Previsión Social (BPS) y las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs). Este sistema, basado en el aporte de cada trabajador, obligó a que cada uno de nosotros tuviera una cuenta corriente donde se acreditaban mensualmente los aportes de cada uno, posibilitando que las AFAPs pudieran calcular la rentabilidad, y que el BPS que hace la recaudación y le pasa el dinero a la AFAP tuviera obligatoriamente la Historia Laboral de cada trabajador.
Otro mundo !!! Un mundo donde es por ejemplo posible que cada trabajador pueda acceder por Internet a su historia laboral y calcular cuanto cobraría de jubilación una vez que se jubile. Algo impensable anteriormente donde ni siquiera el organismo de previsión tenía registrado los años de trabajo de cada uno. Un mundo en el cual el dinero de mis aportes es mío, y no una concesión graciosa del Estado, motivo por el cual si me jubilo puedo cobrar la jubilación y seguir trabajando, pues ese dinero lo ahorré yo y es mío.
CRITICAS A LAS AFAPs
Desde la aprobación de la reforma de 1996 los sectores más radicales del Frente Amplio y algunos de izquierda que no integran el FA no han parado de criticar el sistema de las AFAPs y de intentar su derogación. Sus argumentos son absolutamente inconsistentes, dicen que los ahorros previsionales sólo favorecen a los privados que los administran, pretendiendo ignorar que casi el 55% de los ahorros son administrados por República AFAP administradora propiedad del Banco República y por consiguiente propiedad del Estado y por ende de todos los uruguayos. Así como eso es falso, es falso también que las comisiones que se cobran son un «robo» a los ahorros de los trabajadores uruguayos, prueba de los cual es que la FIAP (Federación Internacional de Ahorro Previsional) afirmó que en Uruguay las AFAP cobran 0,37% de comisión (en relación con los activos que administran) y dijo que ese guarismo «está entre los más bajos» en comparación con otros países de la región como Chile (0,6%) y México (0,9%), por si ello fuera poco se ha destacado que el 5% de rentabilidad después de inflación que tu- vieron las administradoras uruguayas el año pasado, es una cifra «muy alta para cualquier tipo de inversión y que si (ese dinero) estuviera en el banco, no daría esa renta». Los dos sectores del Frente Amplio que respaldan esta iniciativa son el Partido Comunista y el Partido Socialista, son ambos partidos cercanos a los Gobiernos de Argentina de Néstor y Cristina Kirchner y aún cuando nos cortaron los puentes sobre el Río Uruguay, organizaron recepciones que costaron a ANCAP U$S 360.000 para recibir a Cristina Kirchner por una inauguración de una planta desulfurizadora, o en abril de este año 2024 recibieron a Axel Kicillof para dar una conferencia en el Partido Socialista sobre la cercanía del Frente Amplio con el Peronismo. Por qué es preocupante esto? Porque en el año 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández, Argentina nacionalizó los fondos de jubilaciones, lo mismo que se quiere hacer ahora en Uruguay, puso fin a la jubilación por capitalización individual y eliminó a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, apropiándose de los fondos previsionales, (que en Uruguay ascienden a 22.000 millones de dólares), y llevando a todo del sistema previsional argentino a una verdadera catástrofe en la cual los jubilados han perdido casi el 50% del valor de sus jubilaciones.
El derogar el actual sistema de AFAPs, no sólo nos expondrá a los juicios que iniciarán algunos de los 1.606.173 afiliados que tienen, reclamándole al Estado por la confiscación de sus fondos de ahorro, sino que volvemos al viejo sistema en el cual el dinero que aportamos ya no es nuestro, es del Estado que después decide cuánto nos da. Confiamos en que la madurez de nuestro pueblo impida que se incurra en tan tremendo error !!!
Escribe: Dr. Eduardo Durquet