Las recientes balaceras registradas en distintos barrios de Montevideo volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre el control de armas y municiones en Uruguay. Mientras la Policía refuerza operativos en algunas de las zonas más afectadas, el gobierno trabaja en nuevas medidas para mejorar la fiscalización y el registro de estos materiales.
La preocupación tomó nuevo impulso esta semana, cuando el ministro del Interior, Carlos Negro, vinculó los tiroteos ocurridos en la capital con una “falta de control riguroso y necesario” sobre las municiones. El jerarca anunció que la cartera trabaja en un decreto para regular su venta y registro, al tiempo que recordó que el oficialismo impulsa en el Parlamento un proyecto de ley sobre armas que contó con participación del Ministerio del Interior.
Las declaraciones llegan en un contexto marcado por episodios que han tenido como característica común la enorme cantidad de disparos efectuados. En algunos casos, la Policía encontró decenas de vainas; en otros, más de un centenar. Para las autoridades, muchas de estas acciones no buscan necesariamente provocar víctimas, sino enviar mensajes dentro de disputas territoriales entre grupos criminales.
Según explicó Negro, las balaceras pueden funcionar como demostraciones de poder de fuego o advertencias dirigidas a bandas rivales. Se trata de una modalidad que investigadores y policías identifican desde hace años en zonas donde organizaciones vinculadas al narcotráfico disputan espacios de influencia.
Uno de los episodios más notorios ocurrió recientemente en el barrio Marconi, donde la Policía recogió 119 casquillos calibre 9 milímetros tras un intenso tiroteo. La magnitud del hecho reforzó la preocupación por la capacidad operativa de grupos criminales que acceden con facilidad tanto a armas como a municiones.
La situación no se limita a un único barrio. En las últimas semanas también se registraron balaceras en Las Acacias y Capra. En este último caso, un niño resultó herido durante un intercambio de disparos, un hecho que volvió a poner de manifiesto el impacto que estas disputas tienen sobre vecinos ajenos a los conflictos entre bandas.
Como respuesta, el Ministerio del Interior desplegó operativos especiales en algunas de las zonas más afectadas. En Marconi participaron más de 150 efectivos policiales en tareas de patrullaje, controles vehiculares e identificación de personas, en un intento por recuperar presencia estatal y prevenir nuevos episodios de violencia.
Más allá de la respuesta policial inmediata, el gobierno entiende que una parte del problema pasa por mejorar los mecanismos de trazabilidad. Mientras las armas suelen concentrar la atención pública, las autoridades consideran que el control sobre las municiones presenta debilidades que pueden facilitar el abastecimiento de organizaciones criminales. El objetivo de las nuevas medidas es contar con registros más precisos sobre la compra, venta y circulación de estos materiales.
La discusión ocurre además en un país donde desde hace años especialistas en seguridad advierten sobre las dificultades para controlar la circulación de armas de fuego y combatir el mercado ilegal. Para los investigadores, la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado ha transformado las balaceras en una herramienta utilizada para marcar territorio, intimidar a rivales y exhibir capacidad de fuego.
El debate sobre cómo enfrentar esta realidad no es nuevo. Mientras algunos sectores reclaman mayores restricciones y controles, otros sostienen que el foco debe estar puesto en combatir el tráfico ilegal y fortalecer la fiscalización. Sin embargo, el aumento de las balaceras y la creciente exposición de los barrios a estos episodios parecen haber generado un consenso respecto a la necesidad de mejorar las herramientas de control sobre armas y municiones.
Las ráfagas que durante algunos minutos alteran la vida cotidiana de barrios enteros se han convertido en una de las manifestaciones más visibles de la violencia vinculada al crimen organizado. Para las autoridades, detrás de cada una de ellas hay una disputa de poder. Para los vecinos, representan una amenaza cada vez más cercana y un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad pública.
