El presidente Gabriel Boric decretó en la madrugada del 18 de enero el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, tras la propagación de incendios forestales que han obligado a evacuar a unas 20.000 personas y mantienen 19 focos activos en la zona centro-sur del país. La medida busca reforzar la capacidad de respuesta frente a una emergencia que ya ha dejado más de 250 viviendas destruidas y amenaza con expandirse hacia áreas urbanas. Los siniestros se concentran en comunas como Penco y Lirquén, donde brigadistas y bomberos trabajan sin descanso para contener las llamas.
La crisis se ha visto favorecida por la sequía prolongada y los fuertes vientos que azotan la zona, condiciones que han convertido a Ñuble y Biobío en un escenario de alta vulnerabilidad. Autoridades locales advierten que la magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta inicial, lo que motivó la intervención directa del Ejecutivo. El estado de catástrofe otorga al gobierno facultades excepcionales para movilizar recursos militares y civiles, coordinar evacuaciones masivas y asegurar ayuda humanitaria, además de proteger infraestructura crítica y servicios básicos. El despliegue incluye aeronaves, maquinaria pesada y refuerzos de brigadistas forestales, mientras se habilitan albergues temporales para las familias desplazadas.
Más allá de las cifras, la emergencia golpea a comunidades rurales y urbanas que ven amenazados sus hogares, cultivos y espacios comunitarios. El riesgo para el patrimonio natural y cultural del sur de Chile es también motivo de preocupación, en un territorio históricamente expuesto a incendios forestales. “Lo perdimos todo en cuestión de horas”, relató una vecina de Penco que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos. Testimonios como este reflejan la dimensión humana de una tragedia que, según las autoridades, aún está lejos de ser controlada.
