La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo pone fin a un proceso que se remonta a 2008, cuando se investigaron irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. Según el tribunal, existió una maniobra fraudulenta prolongada entre 2003 y 2015, liderada por Cristina y sus funcionarios, para favorecer a Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares, sobreprecios y obras inconclusas. Las maniobras generaron un perjuicio al Estado estimado en 84.000 millones de pesos. La Corte en su sentencia destacó que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso”, y “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.
La exmandataria, de 72 años, tiene un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2, que definirá si cumple la pena en prisión domiciliaria por su edad. Su defensa también solicitó la exclusión de la tobillera electrónica, aunque esa opción parece remota.
Con la sentencia firme, Cristina Fernández de Kirchner queda automáticamente inhabilitada de por vida para postularse a cargos públicos y queda fuera de las elecciones legislativas de septiembre y octubre, marcando un antes y un después en la política argentina.
