El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país dejará de celebrar elecciones, una decisión que profundiza el proceso de concentración de poder impulsado por el oficialismo y que provocó una rápida reacción de organismos internacionales y gobiernos de distintos países.
El anuncio fue realizado durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista. Allí, el mandatario aseguró que promoverá una legislación para impedir que la oposición acceda al poder por la vía electoral. La iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con una amplia mayoría.
Aunque los últimos procesos electorales ya eran cuestionados por organismos internacionales debido a la detención de dirigentes opositores, la inhabilitación de partidos políticos y la falta de garantías para una competencia libre, las declaraciones de Ortega representan un nuevo paso en la transformación del sistema político nicaragüense. Por primera vez, el mandatario planteó abiertamente que el país dejará de recurrir a elecciones para definir a sus autoridades.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el anuncio. El alto comisionado, Volker Türk, afirmó que la medida profundiza el deterioro de los derechos civiles y políticos en Nicaragua y advirtió que el espacio democrático en el país se encuentra prácticamente cerrado. También reiteró el reclamo por la liberación de las personas detenidas por motivos políticos.
Desde Estados Unidos también hubo una respuesta inmediata. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que su país y la comunidad internacional no permanecerán “de brazos cruzados” frente a la decisión del gobierno nicaragüense y reiteró el respaldo al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
El gobierno de Ortega atraviesa desde hace años un creciente aislamiento internacional. Diversos informes de organismos de derechos humanos denuncian restricciones a las libertades civiles, persecución de dirigentes opositores, periodistas y organizaciones sociales, así como el cierre de medios de comunicación y universidades. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que esas medidas responden a intentos de desestabilización promovidos desde el exterior y defiende su política como una forma de preservar la soberanía nacional.
La crisis política se profundizó tras las protestas sociales de 2018, desencadenadas por una reforma al sistema de seguridad social. La represión de aquellas manifestaciones dejó cientos de muertos y miles de exiliados, según organismos internacionales, y marcó un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y gran parte de la comunidad internacional.
Desde entonces, Nicaragua fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, además de reiterados cuestionamientos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el deterioro de las garantías democráticas.
La iniciativa anunciada por Ortega aún deberá ser tratada por la Asamblea Nacional. De aprobarse, Nicaragua dejaría formalmente atrás el sistema de elecciones periódicas, en un contexto en el que continúan las advertencias internacionales sobre el estado de la democracia y los derechos políticos en el país.
Daniel Ortega: del líder de la Revolución Sandinista al poder concentrado
Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, departamento de Chontales. Desde muy joven se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización guerrillera que combatió la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y que llegó al poder tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.
Luego de integrar la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, asumió la Presidencia en 1985. Su primer mandato estuvo marcado por el enfrentamiento con la “Contra”, grupo armado respaldado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, además de una profunda crisis económica.
En 1990 fue derrotado en las urnas por Violeta Barrios de Chamorro y permaneció en la oposición durante más de quince años. Sin embargo, regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha sido reelegido en sucesivas oportunidades.
Durante ese período impulsó reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección y fortalecieron el control del oficialismo sobre los distintos poderes del Estado. También consolidó el protagonismo político de su esposa, Rosario Murillo, quien hoy ejerce la copresidencia del país.
Las protestas de 2018 marcaron un antes y un después en su gobierno. A partir de entonces aumentaron las denuncias por detenciones de opositores, restricciones a la libertad de prensa, cancelación de organizaciones civiles y expulsión de organismos internacionales.
Mientras sus seguidores lo consideran el dirigente que encabezó la revolución que puso fin a la dinastía Somoza y destacan los programas sociales desarrollados durante sus gobiernos, sus detractores sostienen que Nicaragua atraviesa un progresivo proceso de concentración de poder que ha debilitado las instituciones democráticas y reducido los espacios de participación política.
