El caso de Carlos Moisés volvió a instalarse en la agenda política y judicial luego de que legisladores de la oposición solicitaran al Parlamento analizar la viabilidad de concederle un indulto, tras su reciente condena a 12 años de prisión por el homicidio de su padre.
La iniciativa fue impulsada por el senador Andrés Ojeda, junto a la diputada Elianne Castro (Partido Colorado) y el representante Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), quienes enviaron una carta a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, solicitando un informe técnico que detalle los pasos formales y la viabilidad jurídica de esta medida.
Moisés, de 28 años, fue condenado días atrás por haber dado muerte a su padre mediante varios disparos. Sin embargo, el caso generó un fuerte impacto público debido a que, durante el juicio, se acreditó que el joven había sido víctima durante años de violencia intrafamiliar extrema y abusos sexuales sistemáticos.
De acuerdo a lo expuesto en la sentencia, estos hechos no eran desconocidos: existían antecedentes judiciales previos vinculados al padre, incluyendo una condena en 2010 por delitos sexuales dentro del entorno familiar. Este elemento fue señalado por los legisladores como una muestra de que el Estado no logró intervenir a tiempo para evitar una situación de violencia prolongada.
En ese contexto, los promotores de la iniciativa sostienen que el caso presenta “aristas de una sensibilidad humana excepcional”, y plantean que el indulto podría ser una herramienta para evitar que la pena se transforme en una “mortificación adicional” para una persona que, según se desprende del fallo, presenta un cuadro de estrés postraumático complejo.
El pedido se ampara en el artículo 85 de la Constitución, que habilita al Parlamento a conceder indultos con el voto de dos tercios del total de integrantes de la Asamblea General, en sesión conjunta de ambas cámaras. Se trata de una herramienta excepcional y de uso poco frecuente en el sistema institucional uruguayo.
Además de analizar el procedimiento parlamentario, los legisladores solicitaron que el informe contemple si esta medida puede aplicarse en casos donde la sentencia aún no está firme —ya que la condena fue apelada— y si existen antecedentes similares en el país, así como los criterios utilizados en esas oportunidades.
En paralelo, también surgieron otras posibles vías dentro del sistema judicial. Según señaló el propio Ojeda, bajo el nuevo Código del Proceso Penal Moisés podría tener derecho a solicitar la libertad anticipada en determinadas condiciones, lo que abre un escenario alternativo al indulto.
El caso ha generado un intenso debate público, no solo por la gravedad del hecho, sino por el trasfondo de violencia sostenida en el tiempo. La discusión pone sobre la mesa los límites entre la responsabilidad penal y las circunstancias personales de quienes han sido víctimas de abusos prolongados, así como el rol del Estado en la prevención de este tipo de situaciones.
