En el marco del proceso penal que enfrenta el exsenador frenteamplista Charles Carrera, una reciente sentencia judicial volvió a poner en el centro del debate el alcance real del derecho de acceso a la información pública en Uruguay y los mecanismos de cumplimiento por parte del Estado.
La Justicia condenó al Ministerio del Interior a entregar información solicitada por la defensa del exlegislador vinculada al funcionamiento de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, en un fallo que no solo ordena la entrega de los datos en un plazo de 72 horas, sino que además reafirma el carácter del acceso a la información como un derecho humano fundamental.
La jueza interviniente sostuvo que este derecho forma parte del sistema de contralor ciudadano sobre la administración pública y que su ejercicio no requiere justificar motivos, en línea con lo establecido por la normativa vigente.
El caso: Silencio administrativo y disputa por información
La solicitud de información fue presentada en noviembre de 2025 por la defensa de Carrera, en el marco de su estrategia judicial. El pedido apuntaba a conocer criterios, registros y mecanismos de autorización de atención en Sanidad Policial a personas que no eran beneficiarias del sistema, así como la existencia de eventuales controles, registros históricos y posibles vínculos funcionales en esos procesos.
El Ministerio del Interior no respondió dentro del plazo legal de 20 días hábiles. Para la defensa, ese silencio configuró lo que la ley de acceso a la información pública denomina “silencio positivo”, es decir, la obligación de entregar la información ante la falta de una respuesta fundada en tiempo y forma.
Sin embargo, el organismo invocó posteriormente una prórroga, lo que dio lugar a la controversia judicial sobre si esa extensión podía aplicarse una vez vencido el plazo original.
La jueza desestimó ese argumento y entendió que el derecho ya se había consolidado, ordenando la entrega de la información y advirtiendo sobre las obligaciones legales del organismo.
Un derecho reconocido, pero en tensión
El fallo vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la administración pública uruguaya: el reconocimiento formal del acceso a la información como derecho fundamental y su implementación efectiva en los tiempos administrativos.
Uruguay cuenta con la Ley N° 18.381, que regula el acceso a la información pública y establece plazos estrictos para la respuesta de los organismos del Estado. Sin embargo, en la práctica, distintos informes y litigios judiciales han mostrado demoras, respuestas parciales o directamente omisiones en el cumplimiento.
En este caso, la sentencia subraya que el acceso a la información no es una concesión discrecional del Estado, sino una obligación activa, y que el incumplimiento puede generar consecuencias jurídicas.
El trasfondo: Defensa penal y búsqueda de evidencia
Desde la defensa de Carrera, el pedido de información fue presentado como parte de una estrategia más amplia de reconstrucción de los hechos investigados en la causa penal, en la que el exsenador fue imputado por presuntas irregularidades vinculadas a la atención brindada a un particular en el Hospital Policial.
El abogado Juan Manuel González Rossi sostuvo que la investigación de la defensa requiere acceder a información que permita contextualizar el funcionamiento de Sanidad Policial y contrastar las versiones del caso.
“Para poder ejercer una defensa efectiva es necesario reconstruir el contexto y acceder a información que muchas veces no está completa o no es transparente”, señaló en declaraciones posteriores al fallo.
Un problema más amplio: Cuándo el Estado no responde
Más allá del caso puntual, el episodio reabre una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema de acceso a la información pública en Uruguay.
Especialistas en derecho administrativo señalan que uno de los puntos más sensibles es el uso de prórrogas y la falta de criterios uniformes entre organismos, lo que en la práctica puede extender los plazos más allá de lo previsto originalmente por la ley.
A esto se suma la judicialización creciente de pedidos de acceso, un fenómeno que, si bien sigue siendo minoritario en términos absolutos, refleja tensiones entre ciudadanía, defensa jurídica y administración pública.
Entre la transparencia y la burocracia
El acceso a la información pública es considerado un pilar de la transparencia democrática. Sin embargo, su efectividad depende no solo del marco legal, sino también de la capacidad institucional del Estado para responder en tiempo y forma.
El caso Carrera, más allá de su dimensión judicial y política, vuelve a exponer una pregunta de fondo: cuánto de ese derecho se ejerce efectivamente sin necesidad de llegar a la Justicia.
Mientras el Ministerio del Interior deberá ahora entregar la información ordenada por la sentencia, el debate sobre los límites, demoras y prácticas administrativas del Estado queda nuevamente abierto.
