En una decisión que abre una profunda polémica sobre la meritocracia en el Estado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió que otorgará la titulación de Profesorado de Educación Media a todos aquellos docentes en ejercicio que no han concluido sus estudios. Bajo este nuevo marco, bastará con registrar ocho años de experiencia en las aulas y no haber aprobado hasta cinco asignaturas para poder inscribirse en el programa, y cumplido recibir el estatus de egresado.
La resolución se implementa sin una motivación académica aparente, aduce que sería una respuesta a la situación de más de 6.000 estudiantes de profesorado que se desempeñan como docentes sin título. Y prescindiendo de los canales habituales de consulta con los gremios y sindicatos de la educación. El hecho plantea una interrogante ineludible: ¿cuál es la verdadera razón detrás de una medida que equipara el trayecto inconcluso con el de aquellos que completaron el esfuerzo de graduarse?
El mensaje implícito que las autoridades envían a los estudiantes de formación docente es que el esfuerzo por terminar la carrera es opcional, porque el tiempo y la coyuntura política eventualmente se encargarán de subsanar los pendientes.
Además, desde un punto de vista estrictamente práctico, la medida resulta inocua para el funcionamiento diario del sistema de enseñanza. Estos docentes ya vienen ejerciendo la docencia. Otorgarles el título sin terminar la carrera, no modifica sus competencias pedagógicas de la noche a la mañana ni resuelve las carencias de aprendizaje en las aulas.
El otro flanco crítico de esta decisión es el presupuestal. En el estatuto docente, la obtención del título habilitante conlleva, además, una reestructura salarial, ya que se incrementa su salario un 7,5% en concepto de prima por titulación. A partir de la vigencia de esta medida, el Estado uruguayo deberá asumir entonces un incremento del gasto público muy elevado.
En momentos donde el gasto público y los recursos destinados se discuten bajo la lupa de la eficiencia, resulta complejo justificar un desembolso millonario adicional para sostener una reforma que no aporta una mejora directa ni medible en la calidad educativa. No se crean nuevas horas de clase, no se amplía la cobertura y no se moderniza la infraestructura; simplemente se paga más por la misma estructura que ya estaba operativa.
Lo que vuelve aún más opaca la resolución es el hermetismo y la velocidad con la que se ha manejado. Una reforma de esta envergadura —que altera las reglas del escalafón docente— se adoptó eludiendo el debate con las organizaciones técnico-profesionales y los sindicatos de la enseñanza.
Hasta el momento, las explicaciones de las autoridades de la educación pública en los comunicados oficiales emitidos no logran aclarar el nudo central de la cuestión: si el docente ya estaba dando clases, y si el nivel de exigencia académica debe ser la garantía de la educación pública, ¿cuál es, entonces, la verdadera motivación de premiar la carrera inconclusa? La respuesta sigue ausente, pero el costo económico y la devaluación del mérito ya son una realidad.
