La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se halla en el epicentro de un acalorado debate en el país. Con una crisis financiera que ha puesto en jaque el pago de jubilaciones a partir de julio para cientos de profesionales, la institución se enfrenta a propuestas de reforma que se polarizan entre los gremios y los actores políticos.
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que será votado este miércoles por el pleno de la Cámara de Representantes, propone aumentar los aportes de los activos, más gravámenes a los jubilados y un aporte estatal para solventar el déficit acumulado. Esta iniciativa es similar a la presentada por el gobierno anterior en el 2023, aunque en ese momento fue rechazada por el Frente Amplio.
El Colegio de Contadores, Administradores y Economistas del Uruguay (Cceau) es una de las agrupaciones de profesionales que, desde el primer momento, rechaza el proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales del gobierno; y ante la urgente necesidad de llegar a una solución para la crisis financiera del instituto previsional, propuso ampliar la base de aportantes.
Durante la conferencia, que se desarrolló este jueves en la sede del CCEAU, la Cra. Cristina Freire, presidente del Colegio, explicó en detalle las alternativas planteadas, destacando que las medidas propuestas no requieren asistencia financiera del Estado, salvo de forma transitoria mientras se implementan, y que permitirían garantizar la continuidad de un sistema previsional clave para miles de profesionales en el país. Además, lamentó no haber sido escuchados por el Poder Ejecutivo, a pesar de haber sido solicitado ser recibidos.
La principal medida es incluir en la Caja a todos los profesionales, incluidos los que aportan al Banco de Previsión Social (BPS) y que declararon no ejercicio. «Son los que están declarados como no ejercicio, pero a su vez están recibiendo dinero como empleados por el ejercicio profesional», explicó el viernes el vicepresidente del Colegio de Contadores, Jorge Bergalli, en rueda de prensa. Y aclaró que “Hoy, del 15% que le cobran de Montepío, 10% va al BPS y 5% va a una AFAP”, de modo que parte de lo que hoy se vuelca a la AFAP se propone ingrese a las arcas de la Caja. «El trabajador recibe la misma plata que hoy«, aclaró.
En cuanto a los profesionales declarados en no ejercicio, la Cra. Cristina Freire, presidente del Colegio sostuvo que con la incorporación de aproximadamente 28.000 de los más de 110.000 registrados se lograría alcanzar el punto de equilibrio. “Si esas 28.000 personas hicieran el aporte mínimo —unos $6.000— se resolvería la situación financiera actual. Y si se sumaran más, se empezarían a generar reservas, que hoy la Caja no tiene”, afirmó.
Además, la presidente enfatizó que estas medidas no implican aumentos de aportes para quienes hoy ya están activos. “No se les modifica absolutamente nada a quienes están aportando. La única solución que han propuesto otros actores es quitarle dinero al activo, quitarle al pasivo y poner fondos sin certeza de sostenibilidad. Nuestra propuesta evita eso”, dijo.
Consultada sobre por qué muchos profesionales optan por aportar al BPS y no a la Caja, Freire explicó que lo hacen para evitar “una doble carga contributiva”. “Los profesionales somos trabajadores como todos, pero muy castigados: por el IRPF, por el Fondo de Solidaridad. Entonces, muchos eligen no sumarse a la Caja para no aportar dos veces”.
Por otro lado, la contadora lamentó no haber sido recibidos por el Poder Ejecutivo, a pesar de las múltiples solicitudes para concretar una reunión. “Lamentablemente, no fuimos recibidos. Pedimos entrevistas, pero no se nos concedieron. Tampoco fuimos recibidos durante la administración anterior cuando se presentó la ley ‘express’”, contó.
Sin embargo, según explicó, las propuestas planteadas por las gremiales sí fueron bien recibidas por la Comisión del Parlamento, aunque aclaró: “Nosotros aportamos una posible solución, ahora es tarea del Poder Legislativo y el Ejecutivo analizarla como corresponde”.-
En la misma línea, el Colegio de Abogados del Uruguay, este viernes emitió un comunicado donde también critica el proyecto del Poder Ejecutivo, señalando que la tasa de aportación planteada resultaría excesivamente gravosa para los profesionales activos, generando un aumento en las declaraciones de no ejercicio y reduciendo la base de aportantes, lo que en definitiva afectará la sostenibilidad del sistema. A su vez, también se resalta la vulnerabilidad de los profesionales jubilados ante la contribución establecida en el proyecto. Finalmente, se sugieren medidas como contrapropuesta a la del gobierno, al igual que el Colegio de Contadores, esto es, ampliar el campo de afiliación y modificar la forma de distribuir los aportes personales, aplicando el mismo coeficiente usado para ajustar los sueldos fictos y las pasividades.
Incluso la propia Caja de Profesionales ha rechazado el proyecto del Poder Ejecutivo. Otro de los colectivos que se expresaron en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, fue el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Además, ya se han pronunciado en contra del proyecto otras gremiales: el Sindicato Anastésico Quirúrgico; la Federación Médica del Interior; Asociación Odontológica del Uruguay, Asociación de Afiliados a la Caja, Asociación Profesional Independiente en defensa de la Caja, Colegio de Abogados de Rivera, Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay, Mesa Intergremial Universitaria de Salto, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, entre otros.
