La comisión especial bicameral que investiga el proceso de contratación de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional recibió este lunes a representantes del estudio jurídico Delpiazzo Abogados, cuyos integrantes aportaron nuevos elementos sobre las negociaciones mantenidas entre el Ministerio de Defensa Nacional y el astillero español Cardama.
Durante su comparecencia, el abogado José Miguel Delpiazzo afirmó que en agosto de 2024 recibió un pedido del Ministerio de Defensa para redactar un documento que estableciera la “no entrada en vigor” del contrato firmado con la empresa española, debido a que no se habían cumplido las condiciones exigidas para su ejecución, principalmente la constitución de garantías válidas.
Según explicó, el encargo fue realizado el 28 de agosto de ese año y dio lugar a un documento en el que se dejaba constancia de que habían vencido las prórrogas otorgadas al astillero sin que se verificaran las condiciones necesarias para que el acuerdo comenzara a regir.
“Se nos comunicó en su momento que habría estado la decisión del Ministerio de Defensa de que no entrara en vigor el contrato”, sostuvo Delpiazzo ante los legisladores.
El abogado recordó que el contrato había sido firmado en diciembre de 2023 y que las sucesivas extensiones otorgadas para la presentación de garantías ya habían expirado meses antes. En ese contexto, señaló que el estudio jurídico entendía que correspondía declarar la no entrada en vigor del acuerdo.
Sin embargo, el documento nunca llegó a notificarse formalmente. Días después aparecieron nuevas propuestas de garantía remitidas por Cardama, entre ellas una presentada por Eurocommerce, que terminaría formando parte del proceso que permitió mantener vigente la contratación.
Delpiazzo también aseguró que su estudio no aprobó la garantía de Eurocommerce y sostuvo que durante todo el proceso se realizaron observaciones a varias de las alternativas presentadas por el astillero.
Durante su exposición, indicó que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 la empresa presentó nueve alternativas distintas para cumplir con las exigencias contractuales. Afirmó además que varias de ellas fueron remitidas fuera de plazo o presentaban deficiencias formales.
Entre los ejemplos mencionados, recordó la recepción de documentos incompletos, borradores sin información esencial y garantías que, a su juicio, no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la normativa uruguaya.
El abogado también relató que en julio de 2024 recibió un proyecto de garantía emitido por un banco de Camerún que fue rechazado por carecer de elementos suficientes para verificar su autenticidad.
Consultado sobre la actuación de la administración de entonces, Delpiazzo consideró razonables las primeras prórrogas concedidas con el objetivo de preservar el contrato, aunque cuestionó las extensiones otorgadas varios meses después de vencidos los plazos originalmente previstos.
La comparecencia se produjo en el marco de la investigación parlamentaria abierta tras la rescisión del contrato decidida este año por el gobierno. El acuerdo preveía la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional por un monto cercano a los 82 millones de euros.
El caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que existieron incumplimientos graves vinculados a las garantías exigidas a la empresa española, Cardama inició acciones para cuestionar la decisión del Estado uruguayo.
Las declaraciones de Delpiazzo incorporaron un nuevo elemento al debate: la existencia de una intención, comunicada al menos a los asesores jurídicos del proceso, de considerar que el contrato no había entrado en vigor antes de que surgieran las últimas alternativas de garantía presentadas por el astillero.
