El Parlamento pondrá en marcha a partir del 23 de junio una consulta pública nacional prerregulatoria sobre niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, con especial énfasis en el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial. El proceso se extenderá hasta noviembre y buscará reunir aportes de distintos sectores para orientar futuras decisiones legislativas.
La iniciativa será desarrollada junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Unicef, Ceibal, además de instituciones educativas, universidades y organizaciones sociales.
El objetivo del proceso es generar insumos de carácter previo a la regulación, a partir de una instancia de “escucha amplia, plural y estructurada” sobre los efectos de las plataformas digitales, los videojuegos y la inteligencia artificial en la vida de niños y adolescentes.
De acuerdo con el documento base de la iniciativa, el debate buscará identificar preocupaciones, experiencias y propuestas, así como diferenciar problemas y responsabilidades entre familias, centros educativos, plataformas tecnológicas y el Estado.
También se apunta a analizar el impacto de estos entornos en aspectos como la privacidad, la exposición a contenidos dañinos, la violencia digital, el tratamiento de datos personales y el uso de sistemas de inteligencia artificial.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, impulsor de la iniciativa, ha señalado que el punto de partida del trabajo parlamentario estará centrado en el impacto de las plataformas digitales en menores, en un contexto donde la expansión tecnológica ha modificado la forma en que niños y adolescentes se comunican, aprenden y se vinculan.
La consulta incluirá distintas modalidades de participación, entre ellas una plataforma digital abierta, mesas de intercambio, talleres y espacios específicos para adolescentes, con formatos adaptados a su edad y condiciones de protección.
El cronograma prevé que entre julio y setiembre se desarrolle la etapa de consulta abierta, en octubre el análisis de los aportes y en noviembre la presentación de un informe final que servirá como insumo para la discusión parlamentaria.
Según el Parlamento, los resultados podrán utilizarse para detectar vacíos regulatorios, identificar riesgos y oportunidades, y orientar posibles líneas de acción legislativa o de políticas públicas en materia digital.
