En los últimos cinco años, 346 niños y adolescentes vinculados a programas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) fallecieron. La cifra, confirmada por el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, ha generado preocupación en la opinión pública y en organismos de derechos humanos, que advierten sobre las graves vulnerabilidades del sistema de protección de la infancia en el país.
Los datos surgen de los registros oficiales del instituto, publicados en el portal “INAU en cifras” en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Solo en 2025 se contabilizaron 63 muertes, lo que eleva el total a 346 en el último quinquenio. Se trata de niños y adolescentes que estaban bajo programas de protección o apoyo, muchos de ellos en contextos de extrema vulnerabilidad social.
Organismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y UNICEF han señalado que en los centros del INAU persisten problemas estructurales que ponen en riesgo la vida y el bienestar de los menores. Entre las principales denuncias se encuentran malos tratos, explotación sexual, intentos de suicidio, separación de hermanos y condiciones de vida indignas, como colchones en el piso y falta de atención médica oportuna. Para los especialistas en infancia, la cifra refleja una combinación de factores que van desde la pobreza y la violencia comunitaria hasta la insuficiencia de recursos humanos y materiales, además de debilidades en la coordinación interinstitucional.
La situación ha reavivado el debate sobre la capacidad del INAU para garantizar la protección integral de los menores. El propio organismo reconoce limitaciones y reclama más recursos, describiendo su tarea como “una sábana muy corta” que no alcanza para cubrir todas las necesidades. En este contexto, los expertos coinciden en que se requieren medidas urgentes para revertir la tendencia y evitar nuevas muertes.
En paralelo, el Parlamento decidió citar a las autoridades del INAU para que brinden explicaciones sobre las muertes de menores bajo su cuidado. La convocatoria busca esclarecer responsabilidades institucionales y definir acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de protección y atención en los centros del organismo.
Entre las propuestas más relevantes se destacan el fortalecimiento de la atención médica y psicológica, con equipos especializados en salud mental para prevenir suicidios y atender traumas; la mejora de las condiciones de vida en los centros, asegurando espacios dignos y seguros; la capacitación y supervisión del personal en protocolos de protección y derechos humanos; y la creación de mecanismos de monitoreo independiente a cargo de la Inddhh y organismos internacionales. También se subraya la necesidad de programas de prevención comunitaria que apoyen a las familias y reduzcan el ingreso de niños al sistema de protección.
Lo sucedido es un llamado urgente a revisar las políticas de protección de la infancia en Uruguay. La sociedad y las instituciones enfrentan el desafío de transformar la indignación en acción concreta, para que los derechos de los más vulnerables sean realmente garantizados y la cifra no siga creciendo.
