El atentado contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo 28 de septiembre, sigue generando repercusiones en el ámbito político y sindical. A través de un comunicado público, la Unión de Policías de la Guardia Republicana exigió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, a quien responsabilizan por “falta de planificación, herramientas y garantías reales” en la protección de funcionarios en riesgo.
El ataque, perpetrado por dos individuos que ingresaron por la azotea de la vivienda de Ferrero, incluyó disparos y una explosión provocada por un artefacto aún en investigación. Aunque la fiscal se encontraba en el interior junto a familiares, no hubo heridos. La custodia policial estaba presente, pero no logró advertir el ingreso de los atacantes.
Un golpe a la institucionalidad
El sindicato calificó el atentado como “un golpe directo a las instituciones de la República y a la seguridad de todo el país”. En el comunicado, se denuncia que los policías asignados a la custodia de Ferrero cumplían funciones “de forma estática, en una garita y sin garantías reales”, lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial.
“La continuidad del ministro Negro es un riesgo para todos: no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia frente a la delincuencia”, señala el gremio, que también recordó otros episodios violentos ocurridos bajo su gestión, incluyendo atentados contra policías en la vía pública y en espectáculos masivos.
El presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou coincidieron en la gravedad del hecho y expresaron su solidaridad con Ferrero. Desde distintos partidos políticos, como el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, se emitieron comunicados de repudio y se convocaron reuniones de urgencia para analizar el impacto institucional del atentado.
¿Responsabilidad política?
Carlos Negro, por su parte, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó la detención de dos sospechosos vinculados al ataque, presuntamente integrantes de la banda “Los Albín”, brazo operativo del narcotraficante Sebastián Marset en Uruguay. “Van a caer”, afirmó el ministro, asegurando que se pusieron todos los recursos a disposición de la investigación.
Sin embargo, el reclamo sindical pone en cuestión no solo la eficacia del operativo, sino también la capacidad del Ministerio del Interior para proteger a quienes enfrentan al crimen organizado.
