El gobierno prevé incorporar vehículos blindados del Ejército Nacional para respaldar operativos policiales en zonas de alta conflictividad de Montevideo, una medida que comenzará a implementarse en el corto plazo tras la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
La iniciativa contempla el uso de unidades Mamba del Ejército en operativos desarrollados en los barrios Cerro y Marconi, bajo mando directo de la Policía Nacional. Según informó el ministro del Interior, Carlos Negro, los vehículos se integrarán a dispositivos ya en marcha en esas zonas, como los operativos Atenea y Dominio.
Se trata de blindados incorporados al país en 2024 mediante una donación de Estados Unidos. Están diseñados para operar en escenarios de alto riesgo, con capacidad para resistir emboscadas y ataques con explosivos, y pueden transportar hasta 11 efectivos.
El Ministerio del Interior prevé que el esquema comience a aplicarse una vez firmado el acuerdo, con despliegue inicial en los dos barrios mencionados y bajo coordinación directa de mandos policiales en territorio.
El anuncio abrió una discusión sobre el alcance de la medida y el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública. Desde el Poder Ejecutivo se insiste en que no habrá participación militar en tareas de seguridad interna, sino un uso logístico de vehículos bajo conducción policial.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que la propuesta no implica asignar funciones policiales a los militares. “No es que las Fuerzas Armadas van a cumplir una función de seguridad interna, que no la deben cumplir”, afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de reforzar la protección de los efectivos.
“Hay barrios donde no tiran piedras al patrullero, le tiran con balas”, señaló el jerarca, en referencia al nivel de violencia en algunos puntos de la capital.
Desde el Ministerio del Interior se plantea que la medida busca mejorar las condiciones de intervención de la Policía en zonas complejas, sin modificar la estructura de responsabilidades entre ambas instituciones.
La propuesta fue recibida con matices por parte de los sindicatos policiales. Desde el Sindicato de Policías Nacionales (Sipolna), su vicepresidente Fernando Mederos consideró positiva la incorporación de vehículos para reforzar operativos, aunque advirtió sobre problemas estructurales en la institución.
“Que se brinde la parte material no lo vemos mal, ya que la falencia en cuanto a vehículos existe”, señaló. Sin embargo, sostuvo que la situación evidencia limitaciones presupuestales acumuladas en el Ministerio del Interior.
Mederos agregó que la Guardia Republicana cuenta con blindados propios, aunque varios se encuentran fuera de servicio por desgaste y falta de repuestos.
Por su parte, la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr) también respaldó el uso de herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad de los funcionarios en territorio. En un comunicado, sostuvo que los vehículos blindados pueden ser un aporte en zonas de alta conflictividad.
No obstante, el sindicato planteó interrogantes sobre la implementación del esquema, en particular respecto a la situación de los eventuales conductores militares y las garantías jurídicas necesarias para su participación en operativos bajo mando policial.
El gremio también aprovechó la discusión para señalar problemas internos de la institución policial, como la falta de equipamiento, sanciones que considera arbitrarias y traslados de personal sin justificación. “Debemos arreglar la casa también”, planteó la organización.
En el plano político, la medida generó reacciones divididas. Desde la oposición se plantearon cuestionamientos sobre el alcance del involucramiento militar en tareas vinculadas a la seguridad, mientras que sectores oficialistas defendieron la iniciativa como una respuesta operativa ante escenarios de violencia creciente.
Mientras el convenio avanza hacia su firma, el uso de blindados militares en apoyo a operativos policiales se instala como uno de los temas centrales del debate sobre seguridad pública en Uruguay. El despliegue inicial se concentrará en el Cerro y Marconi, donde se prevé poner en marcha el esquema una vez aprobado formalmente.
