El sistema de multas de tránsito en Uruguay vuelve a estar en discusión, en medio de iniciativas que buscan reducir su costo para los conductores, pero también de advertencias por dificultades crecientes en el control de infracciones.
En el Parlamento, una comisión integrada de Hacienda y Transporte analiza un proyecto que plantea rebajar el valor de las multas por exceso de velocidad. La propuesta apunta a reducirlas hasta en un 50%, aunque aún se discuten las condiciones bajo las cuales se aplicaría ese beneficio.
Actualmente, los valores de las multas son similares en todo el país, tanto en rutas nacionales como en ciudades, tras un acuerdo alcanzado en 2023 entre organismos nacionales y departamentales.
Sin embargo, en paralelo al debate parlamentario, el Congreso de Intendentes también resolvió avanzar en una rebaja de multas, con un criterio diferente: aplicar descuentos en función del momento en que se realiza el pago, manteniendo sin cambios las sanciones consideradas más graves.
Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se planteó la necesidad de que cualquier reducción esté vinculada a plazos concretos, con el objetivo de incentivar el pago voluntario. La propuesta incluye descuentos del 50% para quienes paguen dentro de los primeros 60 días y del 25% para quienes lo hagan en un plazo mayor.
Más allá de las diferencias en los mecanismos, existe coincidencia en avanzar hacia un sistema que facilite el cumplimiento y reduzca la carga económica sobre los conductores, sin afectar los criterios de seguridad vial.
Un problema creciente: Infracciones que no se pueden cobrar
En paralelo a la discusión sobre los costos, autoridades nacionales han advertido sobre un fenómeno que complica el sistema de fiscalización: el aumento de vehículos con matrículas adulteradas o ilegibles.
Datos oficiales indican que durante 2025 se registraron más de 330.000 infracciones que no pudieron ser sancionadas por este motivo. En la mayoría de los casos, se trata de motocicletas.
Este escenario genera preocupación, ya que limita la capacidad de control y debilita el sistema de sanciones, en un contexto donde sí se aplicaron más de 200.000 multas efectivas.
Ante esta situación, tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio del Interior han planteado la necesidad de introducir nuevas herramientas legales.
Entre las propuestas se encuentra habilitar a más organismos a fiscalizar este tipo de infracciones y establecer sanciones específicas para quienes circulen con matrículas adulteradas, independientemente de otras faltas.
Asimismo, se analiza la posibilidad de aumentar las multas para estos casos y facilitar los trámites para la renovación de chapas, con el objetivo de diferenciar entre deterioro natural y adulteración intencional.
Si bien existe consenso en la necesidad de avanzar en estos cambios, aún resta definir cómo se implementarán y si formarán parte de un mismo proyecto o de iniciativas separadas.
El debate continúa abierto, en un tema que combina aspectos económicos, de control y de seguridad vial, y que tiene impacto directo en miles de conductores en todo el país.
