La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Colonia celebrada ayer derivó en un clima de marcada tensión política, luego de analizarse el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Presupuesto quinquenal 2026–2030 de la Junta. El documento había sido aprobado por unanimidad el pasado 10 de diciembre —30 ediles en 30, de los tres partidos con representación: Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado— y posteriormente remitido al organismo de contralor.
Uno de los aspectos del informe fue la observación del Tribunal al artículo 18 del Presupuesto, que mantiene una partida destinada a solventar gastos vinculados al ejercicio del cargo de edil. Esta partida fue creada por los Decretos Nº 023/2021 y Nº 029/2021, aprobados en 2021 por 27 votos en 28 ediles presentes, es decir, por ediles de todos los partidos políticos. Las normas habilitan el pago de una partida de secretaría para cubrir prestaciones accesorias o conexas, tales como secretarías de ediles o bancadas, gastos de telefonía, asesoramiento, vehículos o choferes, papelería y otros insumos necesarios para el funcionamiento administrativo del cargo. Y, según fuentes consultadas, es percibida actualmente por todos los ediles sin distinción partidaria. La figura es comparable a las asignaciones accesorias que reciben los diputados nacionales, que además de su salario cuentan con partidas para secretaria que no integran la remuneración.
En su dictamen, el Tribunal de Cuentas concluyó que el Presupuesto para el período 2026–2030 fue elaborado “en forma razonable” y, en términos generales, se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. No obstante, observó la partida destinada a gastos de los ediles por entender que contraviene el artículo 295 de la Constitución, que establece el carácter honorario del cargo, esto es, que el edil no puede percibir un sueldo por su cargo. En opinión del tribunal, la partida de gastos se asimila a una retribución salarial.
El momento de mayor tensión se produjo al someterse a votación la observación del Tribunal. Allí se generó el giro político más significativo de la jornada: la bancada del Frente Amplio pese a haber votado a favor el Presupuesto en diciembre —incluida la partida cuestionada— y pese a que todos los ediles frenteamplistas cobran actualmente la partida, decidieron votar en bloque contra la norma previamente aprobada por la Junta. Con esa decisión, el Frente Amplio cambió su voto dado el mes pasado y dejó abierta la posibilidad de no percibir la partida por sus propios ediles a partir del mes que viene.
La postura frenteamplista detonó un fuerte cruce en sala. Desde la bancada del Partido Nacional, el edil Julio Basanta acusó a los frenteamplistas de incurrir en una evidente contradicción, al recordar que habían votado a favor la partida, y que actualmente cobran dicha partida y, sin embargo, en el discurso en sala dicen rechazarla. Basanta agregó que, en coherencia con su nueva posición, los ediles del Frente Amplio deberían dejar de cobrarla de inmediato. Por otra parte, desde el Frente Amplio, el edil Pedro Leyzagoyen le contestó que no podía involucrar a todo el FA, que en su caso no lo votó pero igualmente lo cobra, y que si el Parlamento le da la razón al tribunal no lo cobraría más.
Según indicaron fuentes consultadas, la votación también habría abierto una fisura interna dentro del propio Frente Amplio, en tanto, un edil frenteamplista habría manifestado su desacuerdo con la postura asumida por la bancada, expresando que la decisión fue de “demagogia pura”, aunque finalmente la acompañó por disciplina partidaria.
