Ayer, 30 de enero, la Junta Departamental celebró su primera sesión ordinaria del año, marcada por el tratamiento de un tema que ya había generado debate en 2025, la exoneración del 20% del impuesto de contribución inmobiliaria para el sector hotelero como apoyo al turismo.
La medida, aprobada originalmente en diciembre por 20 de los 30 ediles, había contado únicamente con los votos en contra de la bancada del Frente Amplio. Como establece el procedimiento, el decreto fue remitido al Tribunal de Cuentas, que en un informe fechado el 21 de enero no formuló observaciones ni reparos.
Con el dictamen ya incorporado, el asunto volvió a la sala para su consideración definitiva. Sin embargo, pese a la ausencia de objeciones por parte del órgano de contralor, el Frente Amplio reiteró su voto negativo. Durante la discusión, sus representantes argumentaron que habían recibido el informe del Tribunal hacía muy poco tiempo, lo que —según señalaron— dificultaba un análisis adecuado antes de la votación.
La sesión dejó en evidencia la persistencia de diferencias políticas en torno al alcance y la oportunidad de los beneficios fiscales al sector turístico, un debate que vuelve a dividir a las bancadas entre quienes consideran imprescindible sostener al rubro con incentivos tributarios y quienes advierten sobre el impacto de estas exoneraciones en la recaudación departamental.
